El Defensor del Pueblo reclama "medidas de refuerzo" para cubrir las reducciones de jornada, permisos y licencias del personal de Enfermería con personas (menores, mayores, con discapacidad o dependientes) a su cargo.

Su presidente, Juan José Tirado, incide en que la dificultad de falta de personal derivada de la pandemia, “debe ser abordada por los poderes públicos como un efecto propio de la misma crisis sanitaria”.

La decisión del alto órgano consultivo viene por tres quejas de trabajadoras/es de los departamentos de salud de Valencia: Hospital Clínico Malvarrosa y Hospital La Fe; y de Alicante: Hospital General.

    La pandemia ha supuesto un sobresfuerzo para las/os enfermeras/os de la Comunidad Valenciana que han aumentado su carga laboral hasta la extenuación. Este incremento de la presión asistencial que ha impedido la conciliación familiar de las/os profesionales de Enfermería ha sido registrado, a través de varias quejas, por la Sindicatura de Greuges, con una petición expresa dirigida a la Administración sanitaria y a los gestores de las clínicas privadas para que garanticen que las/os trabajadoras/es dispongan del tiempo necesario para estar y cubrir las necesidades de sus familias.

    Ante esta petición del Síndic de Greuges, Ángel Luna, desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) se urge, tanto a la Conselleria de Sanidad como a las clínicas privadas, a que apliquen la resolución emitida por el ‘Defensor del Pueblo valenciano’ que exige que se garantice la conciliación laboral y familiar en el colectivo de Enfermería.

    En concreto, el presidente del CECOVA, Juan José Tirado, recuerda que el Síndic solicita a la Administración que establezca, como una de sus prioridades, “el reconocimiento efectivo de aquel derecho (conciliación), de modo que las medidas de refuerzo en materia de personal se apliquen también para cubrir los permisos y licencias para la atención de los familiares”.

    El presidente del CECOVA destaca además que el órgano de control advierte de que uno de los efectos de la pandemia, por falta de plantilla, ha sido para el personal sanitario “la dificultad de conciliar su vida profesional y personal para atender a menores, mayores, personas con discapacidad y dependientes bajo su responsabilidad. Esta dificultad, derivada de la crisis sanitaria, debe ser abordada por los poderes públicos como un efecto propio de la misma”.

    Desde la Sindicatura se consideran necesarias “las medidas de refuerzo en materia de personal (modificación del ámbito ordinario funcional y territorial de personal, reincorporación de personal en determinados supuestos, autorización y prórroga de puestos de carácter eventual, ampliación de refuerzos u otras) se apliquen para cubrir los permisos y licencias que resulten justificados para la atención de las necesidades de las personas bajo responsabilidad del personal sanitario (menores, mayores, personas con discapacidad, dependientes, etc.)”.

    Desde la misma entidad se insiste en que una vez queden cubiertas en cada caso concreto las necesidades del servicio, “debe reconocerse en la práctica, como una de las prioridades de la administración, la satisfacción del citado derecho (conciliación)”, como se detalla en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo (que declaraba el Estado de Alarma) que reconoce a la adaptación y reducción del horario de los trabajadores a la situación de pandemia.

    El Síndic reitera que la dificultad para que los sanitarios concilien trabajo y familia debido a la crisis sanitaria «debe ser abordada por los poderes públicos como un efecto propio de la misma». Por tanto, Ángel Luna apunta que, si bien «es cierto que el resultado de la crítica situación vivida no permite bajar la guardia a los servicios sanitarios», se debe evitar que esta medida «pueda llegar a implicar la normalización del olvido de las especiales necesidades» del personal sanitario y su derecho a conciliar para el cuidado de personas.

    Por ello solicita, a través de su resolución, que para la «adecuada garantía del derecho del personal sanitario», Sanidad aplique «las medidas de refuerzo en materia de personal se apliquen también para cubrir los permisos y licencias». Siempre «ante una solicitud debidamente justificada y una vez queden cubiertas en cada caso las necesidades, sea emitida de modo urgente resolución expresa, motiva, congruente y susceptible de recurso».

    La decisión del alto órgano consultivo viene por tres quejas de trabajadores de los departamentos de salud de Valencia: Hospital Clínico Malvarrosa y Hospital La Fe; y de Alicante: Hospital General, en los que sus direcciones habían rechazado la reducción de jornada de sanitarios para poder cuidar a familiares a su cargo.